Los Angeles: Denuncian abuso de poder y discriminación en confiscación automóviles

Los Angeles. “Yo no entiendo las leyes para los inmigrantes”, dijo una mujer policía anglosajona a Elsa Colín. “Ahora tu camioneta ya es mía”, fue el comentario de un oficial latino a Miguel Angel Román.

Ambos casos ejemplifican las presuntas violaciones al protocolo de incautaciones de vehículos, por parte de elementos del Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD), a pesar de la ley AB353 firmada por el gobernador de California, Jerry Brown.

El miércoles 5 de octubre, Elsa Colín viajaba en su camioneta Mazda 1988 por la avenida Central de Los Angeles, propiedad de su padre Javier. Llevaba a su sobrina al trabajo.

En sentido contrario iba una patrulla que dio una vuelta en “U” fue detenida en la esquina de la calle 12 y Central por “transportar carga insegura”.

La mujer, de 44 años de edad se dedica a la recolección y venta de cartón. Su auto fue confiscado, no por la violación de tránsito, sino por no portar una licencia de conducir.

“No me quites mi carro; soy madre soltera”, imploró la mujer. “Yo no ando robando a nadie, soy una mujer que trabaja honradamente”.

“No te preocupes, pagas con trabajo comunitario”, fue la respuesta que obtuvo. Fue detenida por no llevar una tapa para cubrir el cartón, por llevar amarrada una escalera que emplea para subir el cartón, y supuestamente, porque iba tirando basura a la calle.

Amigos de Elsa llegaron a la escena y la oficial de LAPD no les dio oportunidad de presentar una licencia válida de California, a fin de evitar la confiscación del automóvil.

“Lo que más de dio coraje fue cuando la policía “gabacha” (estadounidense) me dijo en tono de burla: ‘Dame las llaves. Yo no entiendo las leyes para los inmigrantes’… Uno trabaja honradamente, no anda robando”.

Al final, la inmigrante mexicana no fue multada por las presuntas violaciones cometidas, sino por no tener una licencia de California, y tuvo que pagar $1,417.50 dólares para recuperar el auto.

“A ellos [los policías] no se les puede decir nada”, comentó la mujer originaria de Michoacán. “Es como ponerse a las patadas con Sansón”.

Migue Angel Román Quintero, de 45 años de edad y oriundo de Puebla, narró que el20 de septiembre efectuó una vuelta prohibida en “U” en la esquina de la avenida Adams y San Pedro, a las 6:50 de la tarde, 10 minutos antes de que fuese legal hacerlo.

El automóvil Nissan Pick-up contaba con seguro, y aunque estaba registrado a nombre de otra persona, era propiedad de Román Quintero. El solamente contaba con una licencia de conducir emitida en México.

“Le pedí al oficial Barbosa que me dejara hablar con alguien para que viniera a recoger el vehículo, y aunque llegó un amigo y luego otros mas no quiso darnos ninguna oportunidad”, contó. “El agente me dijo, ‘esa camioneta ya va a ser mía’ y va a quedarse detenida.

“Sentí que eso fue como un acto de racismo, porque el mismo policía tenida detenidos a otras dos personas que no eran latinos, y a ellos sí los dejó irse”, dijo el inmigrante.

ABUSO DE PODER, PERFIL RACIAL Y NEGATIVA DE PROCESO JUSTO

Las historias de Elsa Colín y de Miguel Román quedaron asentadas en el reciente informe del Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild) que documentó la abogada de derechos civiles, Cynthia Anderson-Barker.

El reporte de NLG afirma que se están dando “graves abusos de poder de la policía” de Los Angeles, incluyendo aplicación del perfil racial y negación de los derechos a un debido proceso sobre la detención de conductores, a quienes se les decomisaron sus automóviles.

“Hemos entregado el reporte al LAPD y esperamos una respuesta”, dijo la abogada Cynthia Anderson-Barker, miembro de National Lawyers Guild. “Seguimos esperando por una reunión comunitaria con el alcalde [Antonio Villaraigosa] y el jefe de la policía [Charlie Beck] para que expliquen a las victimas las violaciones que están cometiendo los agentes”.

Alvaro Pacheco, portavoz de la oficina Villaraigosa dijo a AOL Latino que los abusos de poder, “son cargos serios y es algo que el alcalde toma muy en serio”.

“Existe la oficina del Inspector General del LAPD, que es la que se encarga de investigar este tipo de incidentes y acusaciones”, aseguró. “Por eso existe este proceso”.

Pacheco dijo que el alcalde se ha reunido y se seguirá reuniendo con grupos inmigrantes.

“Nuca se ha negado”, indicó. “Con respecto a la política de decomisos, está en proceso de cambiar” (sic). Me parece que la ley estatal (AB353) fue para los ‘checkpoints’ (retenes de sobriedad) y si entiendo bien lo que hay quejas son quejas sobre cualquier tipo de incautación, no solo en los ‘checkpoints'”.

Rosario Herrera, portavoz del LAPD declaró a AOL Latino que NI el capitán Rigoberto Romero ni otros oficiales estarían dispuestos para entrevistas, al cierre de este artículo.

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